Tras una escalada de homicidios que mató a más de 80 personas en tres días, el Congreso aprobó el régimen de excepción.

La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo este lunes que la cifra de personas que murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador -en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022- superó las 301, la mayoría de las cuales murieron de forma violenta.

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«En 26 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador», declaró Escobar en medioa locales de comunicación.

Explicó que, de esta cifra, únicamente una persona falleció en la mega cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el resto en prisiones como Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).

La activista enfatizó que el 48 por ciento de estos fallecimientos se debieron a torturas y actos violentos, mientras que el 33 ppor ciento fue por la negación de recibir tratamiento médico. Según la directora de SJH, la organización no gubernamental que lidera ha recibido más de 500 denuncias de muertes de prisioneros en centros penitenciarios, pero solo han confirmado 301.

A mediados de 2023, el fiscal general Rodolfo Delgado informó que se archivaron 142 casos porque «no constituyen delito» después de que organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos informaran las primeras muertes en cárceles.

Después de una escalada de homicidios que mató a más de 80 personas en tres días, el Congreso salvadoreño aprobó en marzo de 2022 el régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales. A petición del gobierno de Nayib Bukele, se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días.

Según las estadísticas oficiales, se han detenido más de 80.000 personas en esta situación, de las cuales más de 7.000 han sido excarceladas bajo libertad condicional. Mientras tanto, en este contexto, más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos han sido enviadas a las organizaciones humanitarias, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.

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